Lo dijo Pedro Sánchez cuando aún no era Presidente del Gobierno. En su momento se le criticó duramente tal afirmación, hecha desde la más absoluta ignorancia, puesto que, aunque al Fiscal General del Estado lo nombre el Gobierno, no es menos cierto que el artículo 1 de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece literalmente que: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

 Ángel García Calle

Es decir, el Ministerio Fiscal debe velar por la legalidad, el interés público y la independencia de los Tribunales. Todo lo contrario de lo que ha hecho el actual Fiscal General del Estado. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo por unanimidad.

Un personaje, el tal Alvaro García Ortiz, que se ha revelado como un auténtico comisario político del PSOE (esto sí lo digo yo, y además con rotundidad), que, a pesar de estar imputado por un delito de revelación de secretos, ha decidido mantenerse en el cargo para velar, no por la legalidad ni nada de eso, sino por los intereses de “La Rosa Nostra”, del PSOE, del partido al que se debe y ante el que se humilla sin ambages.

El Ministro de Justica, a la sazón, abogado, se permite decir que el novio de Ayuso es un “delincuente confeso”, cuando sabe (o debería saber, por sus estudios de Derecho) que una persona sólo puede ser calificada de delincuente cuando ha sido condenado ejecutoriamente por un delito. Es decir, tiene que existir una condena firme. Por tanto el Ministro de Justicia demuestra ser un analfabeto jurídico. Insisto, ¡el Ministro de Justicia!

Y todo ello porque el Sr. García Ortiz y su jefe, el “1”, pretenden retorcer el artículo 2 de la Ley, que establece el principio de jerarquía en el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Es decir, el fiscal raso debe obedecer a su Fiscal Jefe y éste, a su vez su superior jerárquico, etc.

Pero es que, por otro lado, el Ministro de Justica, a la sazón, abogado, se permite decir que el novio de Ayuso es un “delincuente confeso”, cuando sabe (o debería saber, por sus estudios de Derecho) que una persona sólo puede ser calificada de delincuente cuando ha sido condenado ejecutoriamente por un delito. Es decir, tiene que existir una condena firme. Por tanto el Ministro de Justicia demuestra ser un analfabeto jurídico. Insisto, ¡el Ministro de Justicia!

Realmente los que hemos estudiado Derecho raro es el día que no nos levantamos con las manos en la cabeza con los despropósitos legales y jurídicos de este des-Gobierno, que se permite hasta decir que gobernará, si hace falta, al margen del poder legislativo, como si no lo estuviera haciendo ya mediante Decretos (el último sobre la reforma de RTVE, que permitirá al PSOE controlar totalmente este ente) continuamente, sin necesidad de pasar ni siquiera por el Congreso de los Diputados.

Cada día vemos más claramente que la Justicia en este país está, realmente, en peligro y que, si no fuera por la integridad que están demostrando muchos jueces valientes y la Guardia Civil (sobre todo la U.C.O., a la que felicito públicamente), este país ya estaría en manos de la mafia, conocida también como PSOE. Porque, como dijo Tolstoi, “un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores”