El gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (segunda empresa de Extremadura) para el año 2028 según prevé el calendario del gobierno central, concretamente por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La central se construyó entre 1973 y 1981 siendo la más antigua de España. Sus propietarios son Iberdrola, Naturgy y Endesa que forman la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo.

El cierre de la central y la gestión de sus residuos tiene un coste de 26.500 millones de euros hasta 2100. El plan es comenzar con Almaraz 1 en 2027 para estar definitivamente clausurada en 2028.

El ministerio de Transición Ecológica afirma que este calendario no lo decide el Gobierno sino de las eléctricas ya que desde 2019 ninguna compañía pidió modificar la hoja de ruta. Según el ministerio, el cierre es responsabilidad de las empresas basada en criterios económicos. Este argumento es desmentido tajantemente por la Junta de Administradores de Centrales Nucleares de Almaraz-Trillo que aseguran que el cese se debe “fundamentalmente a la desproporcionada carga fiscal que sufre la instalación (435 millones de euros al año entre impuestos y tasas de los que 100 se quedan en Extremadura) lo que supera todos sus costes operativos juntos. En los últimos años han subido sus impuestos en un 70%. La unión Europea, con sus nuevas normas sobre seguridad, exigen importantes inversiones a las centrales para seguir en funcionamiento.

Almaraz aporta casi un tercio de la energía nuclear que se genera en nuestro país exportando el 80%.

Evidentemente, el pueblo se niega a este cierre que supondrá la muerte de todo el Campo Arañuelo, comarca que vive íntegramente de la central. Provocará un impacto tremendo en la zona ya que 3.000 familias directas y 1.200 adicionales trabajan en ella. Sus sueldos oscilan entre 3.000 y 6.000 euros, amén de disponer y disfrutar del cheque-bebé con 1.000 euros, becas para libros de texto y actividades lúdicas gratis. Igualmente, los ayuntamientos sufrirán una importante merma en sus ingresos ya que, por ejemplo, el ayuntamiento de Almaraz tiene un presupuesto de 10 millones de euros de los cuales, el 70% lo aporta la central.

Las consecuencias del cierre están muy claras: paro, emigración, elevación de costes en otras centrales nucleares, parones eléctricos (ya ha ordenado el Gobierno tres parones en la producción de fábricas últimamente).

Almaraz es el motor económico de Extremadura y su funcionamiento es fundamental para poder llevar a cabo los proyectos de nuevas empresas que quieren venir a Extremadura pero que requieren mucho consumo de electricidad. Esta decisión asfixia y ahoga aún más el futuro de nuestra tierra.

Los extremeños se manifestaron por miles para protestar y exigir su continuación. Todos los partidos, desde la presidenta de la Junta María Guardiola hasta líderes de la oposición excepto Unidas por Extremadura, se sumaron a la convocatoria con el lema: “Sí a Almaraz por el empleo, el progreso y la soberanía energética”. Cargos institucionales, colectivos nacionales, asociaciones extremeñas, trabajadores, familias y vecinos reclamaron que se reviente la agenda del apagón nuclear.

La presidenta de la Junta de Extremadura que acudió acompañada por todos sus consejeros y eurodiputados populares, declaró en la manifestación que era una jornada de “reivindicación y dignidad” afirmando que “esto empieza por Extremadura pero es un asunto de país y estamos jugándonos la soberanía energética de España”. Junto al alcalde moralo Enrique Hueso y el operador de reactor Alfredo García, aseguró que están unidos sin colores contra este despropósito. “El Gobierno de Extremadura va a llegar hasta el final para evitar el cierre porque estamos cansados de que se decida el futuro de la región desde los despachos de Madrid” aseveró la presidenta.

Los presidentes de las diputaciones de Cáceres (Miguel Ángel Morales) y de Badajoz (Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOEX) acudieron con el mensaje de que la empresa solicite la prórroga sin el chantaje de la bajada de impuestos y el gobierno la conceda, dejando caer la responsabilidad en la empresa.

Según afirma la empresa, Almaraz se encuentra en las mejores condiciones para seguir operando incluso hasta los 80 años.